Pongamos que hablo de Madrid: un presidente insustituible y ciudades invivibles

Crisis de vivienda

En 1980, Joaquín Sabina escribió "Pongamos que hablo de Madrid", una canción que él mismo definió como "una historia de amor y de odio a una ciudad invivible, pero insustituible". Cuarenta y seis años después, aquellos versos son, además de poesía, un diagnóstico de la crisis de vivienda que atraviesan Madrid y otras grandes ciudades españolas como Barcelona, Málaga, Valencia o Palma.

La canción abre con "allá donde se cruzan los caminos". Hoy a ese cruce no solo llegan jóvenes de provincias que buscan trabajo o estudios, sino también migrantes y millones de turistas. El resultado lo anticipa otro verso: "aquí no queda sitio para nadie". La oferta de vivienda ya no alcanza para cubrir la demanda. Después de la crisis financiera de 2008, los altos costos llevaron a España a reducir drásticamente el ritmo de construcción que había sostenido durante el boom del ladrillo. Hoy el Banco de España estima un déficit de 750.000 viviendas.

La escasez también empujó los alquileres. Con la compra cada vez más fuera de alcance, más gente busca alquilar y los precios suben, pero los sueldos no acompañan. Según el Consejo de la Juventud de España, el alquiler medio, de 1.176 euros, equivale al 98,7% del salario medio de una persona joven de entre 18 y 25 años (los más afectados por esta crisis).

El cuadro, entonces, es este: hay pocas viviendas disponibles y las que hay son caras. Una parte la compran grandes inversores que especulan con su valor para revenderla con un amplio beneficio. Otra parte se destina al alquiler turístico, lo que reduce la oferta para quienes buscan dónde vivir de forma permanente.

Sabina también escribió "Un agujero queda para mi". Hoy el verso se lee casi literal, porque es lo que ofrece el mercado: habitaciones compartidas, pisos interiores y lo que algunos ya llaman "infraviviendas". Según la Fundación FOESSA, alrededor de 3,4 millones de personas viven hacinadas y otros 3 millones están en riesgo de desalojo.

La cara visible de la crisis

En las últimas semanas, la indignación social estalló en movilizaciones en distintos puntos del país y en acampes en la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid. La gota que colmó el vaso fue el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con discapacidad que vivía en la misma casa desde 1956. Un fondo de inversión le exigió un aumento del 275% en el alquiler, de los cerca de 500 euros que pagaba pasaría a 1.650 euros mensuales, una cifra imposible de cubrir con su pensión de 1.350 euros.

Los manifestantes reclamaron respuestas al gobierno socialista de Pedro Sánchez. Tras tensas negociaciones dentro de la coalición, el Ejecutivo envió un paquete de medidas para regular el mercado inmobiliario, que la prensa bautizó como los "decretos Maricarmen". El paquete prorroga los contratos de alquiler vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028 y regula los alquileres de temporada y por habitaciones. Además, suspende los desahucios hasta 2030 y prohíbe la compra de viviendas por parte de los llamados "fondos buitre".

Rechazo y adelanto de elecciones

El Congreso rechazó los decretos el pasado viernes y, en consecuencia, Pedro Sánchez anunció elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La derrota parlamentaria se produjo porque Junts, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, sumó sus votos a los de la derecha. Lo hizo pese a que el Ejecutivo había negociado con los independentistas parte del contenido de los decretos. El revés dejó en evidencia algo que venía manifestándose desde hace tiempo: Sánchez no tiene mayoría parlamentaria para sacar adelante medidas de peso.

La estrategia del adelanto electoral no es nueva, Sánchez ya la usó en 2019 y en 2023, y en ambas ocasiones salió bien parado. En 2023, por ejemplo, adelantó las elecciones después de la derrota del PSOE en las municipales y autonómicas. Contra todas las encuestas, logró conservar la presidencia pese a no haber sido el más votado, gracias a una compleja y frágil aritmética de pactos con partidos de izquierda, nacionalistas e independentistas.

Las encuestas no le sonríen al actual presidente, según el último sondeo de SocioMétrica,  se anticipa un amplio triunfo de la derecha, con PP y Vox sumando incluso más del 50% de los votos. No parece, entonces, el mejor momento para intentar revalidar su mandato ni para armar una nueva mayoría parlamentaria.

¿Por qué adelantar las elecciones con este panorama? Porque Sánchez apuesta a movilizar y recuperar a los votantes progresistas más sensibles a la crisis de la vivienda. La indignación social le ofrece la oportunidad de ir a las urnas en un clima algo más favorable que el de los últimos tiempos. Y hay otros datos que si juegan a su favor: según una encuesta de 40dB para El País y la Cadena SER, la mayoría de los ciudadanos apoya medidas que impulsa la izquierda, como limitar el precio de los alquileres, y ese respaldo es alto incluso entre los votantes de derecha.

Panorama electoral

Pedro Sánchez llega a estas elecciones debilitado y sin margen de maniobra. En los últimos años atravesó momentos críticos: la DANA de Valencia, la crisis migratoria de Ceuta, la ley de amnistía, la tragedia ferroviaria de Adamuz y las investigaciones judiciales por corrupción que alcanzaron a sus colaboradores más cercanos y hasta a su esposa.

Hoy paga el precio de la coalición que él mismo armó, la que sus críticos bautizaron como el gobierno "Frankenstein". Sus socios están debilitados. A la izquierda de PSOE no hay un candidato definido y el espacio está dividido entre el Frente Amplio (ex Sumar) y Podemos, el mismo bloque que en 2023 fue decisivo para frenar a la derecha. Junts, el socio más rebelde, aceptó investir a Sánchez a cambio de la amnistía para los implicados en el procés. La amnistía no se pudo aplicar a todos, Puigdemont entre ellos, por las resistencias del Tribunal Supremo. Desde entonces se fue alejando de la mayoría de gobierno hasta terminar votando junto a la derecha en numerosas ocasiones.

En la derecha, en cambio, reina el optimismo ante el desgaste del Gobierno. Eso no evitará la pugna entre PP y Vox por el reparto de fuerzas si suman mayoría. En los últimos tres años, el PP se mantuvo prácticamente estancado en torno al 30% de los votos, con resultados muy similares a los de 2023, mientras que Vox creció de forma notable. Y la experiencia de los gobiernos que compartieron demuestra que en ciertos temas sus posiciones se distancian y los acuerdos se vuelven cuesta arriba.

Los jóvenes, los más golpeados por la crisis de la vivienda, ya no son un bastión de la izquierda. Según un análisis de El País basado en los barómetros del CIS, Vox ronda el 26% de la intención de voto entre los votantes de 18 a 24 años, prácticamente empatado con el PP y por delante del PSOE, que se ubica en torno al 22%. Una encuesta de Sigma Dos para El Mundo va más allá: PP y Vox ya reúnen más de la mitad del voto entre los menores de 30 años, cuando hace menos de un año no llegaban al 38%. La paradoja es evidente. La vivienda preocupa más a los votantes del PSOE y Sumar, pero la frustración de una generación que no logra emanciparse parece estar encontrando su cauce en la derecha.

Conclusión

Cuarenta y seis años después de aquella canción, Maricarmen Abascal no pudo volver a su casa. Murió el miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, donde estaba internada desde el día del desahucio, horas antes de firmar el contrato que le permitía regresar. Con su muerte, lo que hasta ahora eran cifras se volvió una tragedia con nombre y apellido. El 29 de noviembre, España no solo elegirá gobierno: votará, en buena medida, quién puede permitirse vivir en sus ciudades. Sánchez prometió dejarse la piel en la campaña, mientras muchos jóvenes ya se dejan el sueldo entero en un alquiler. Sabina hablaba de Madrid, pero hoy podría decir "pongamos que hablo de Barcelona, de Málaga, de Valencia o de Palma". Las ciudades españolas siguen siendo insustituibles. Lo que está en juego ahora es que dejen de ser invivibles.