Nicaragua sin urnas: el régimen de Ortega

Nicaragua sin urnas: el régimen de Ortega

El 19 de julio de 2026 Daniel Ortega anunció la eliminación de las elecciones como mecanismo efectivo de competencia política. Esto marca un nuevo punto de inflexión en la historia reciente de Nicaragua. La decisión no sólo plantea interrogantes sobre el futuro institucional del país, sino también sobre las categorías utilizadas para comprender su evolución política.

Durante años, Nicaragua fue analizada por la literatura especializada como un caso de autoritarismo competitivo (Linz, 2000) o régimen híbrido (Diamond, 2002)

 (por quién?). Sin embargo, la desaparición de la competencia electoral obliga a revisar si estas categorías continúan siendo adecuadas. El presente artículo pretende responder una pregunta central: ¿la profundización de un régimen autoritario implica necesariamente su transformación en un régimen totalitario?

Cómo llegó Nicaragua hasta acá

La situación política que atraviesa Nicaragua no surgió repentinamente. El anuncio de Daniel Ortega de poner fin a las elecciones constituye el punto más reciente de un proceso de concentración del poder que comenzó con su regreso a la presidencia en 2007. Lejos de representar una ruptura abrupta con el orden institucional, la decisión se inscribe en una serie de reformas y medidas que, durante casi dos décadas, modificaron progresivamente el funcionamiento del sistema político nicaragüense (EFE, 2026; El País, 2026).

Tras asumir nuevamente el gobierno, Ortega impulsó cambios que fortalecieron el Poder Ejecutivo y ampliaron sus posibilidades de permanencia en el poder. Entre ellos, la eliminación de los límites a la reelección presidencial, la creciente influencia del oficialismo sobre el Poder Judicial y otros organismos estatales, así como la consolidación del copresidencialismo junto a Rosario Murillo. Estas transformaciones configuraron un escenario de creciente concentración política (El País, 2026; Reuters, 2026).

El punto de inflexión llegó en abril de 2018. Lo que comenzó como una protesta contra la reforma del sistema previsional derivó en un movimiento nacional de rechazo al gobierno, que fue fuertemente reprimido. A partir de entonces, el espacio para la oposición política y la sociedad civil comenzó a reducirse significativamente (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2018; Amnistía Internacional, 2018).

En los años siguientes, el gobierno profundizó las restricciones: partidos opositores fueron ilegalizados, organizaciones no gubernamentales y universidades perdieron personería jurídica, medios de comunicación enfrentaron cierres y persecuciones, y periodistas, dirigentes y referentes políticos fueron encarcelados, inhabilitados o forzados al exilio. En las elecciones presidenciales de 2021, la mayoría de los principales candidatos opositores no pudieron competir, lo que permitió la reelección de Ortega en un proceso ampliamente cuestionado por organismos internacionales y gobiernos extranjeros (Human Rights Watch, 2022; El País, 2021). 

La Asamblea General de la OEA reconoció el proceso como carente de libertad, justicia, transparencia y legitimidad democrática, y denunció encarcelamientos de políticos, empresarios, agricultores, estudiantes y periodistas (France24, 2021). Estados Unidos y la Unión Europea profundizaron esquemas de sanciones individuales ya vigentes desde 2018 y 2019 respectivamente, mientras que en 2023 el régimen formalizó su salida de la OEA tras años de tensión con el organismo (EFE, 2023). Un informe de la ONU de marzo de 2023 llegó a calificar los crímenes cometidos por el gobierno como de lesa humanidad (Naciones Unidas, 2023). Pero las sanciones se diseñaron como selectivas —dirigidas a funcionarios puntuales— para no afectar a la economía ni a la población, y Washington evitó medidas comerciales más amplias por su impacto regional (Infobae, 2023). Lejos de moderar al régimen, el aislamiento diplomático coincidió con un mayor acercamiento de Ortega a Rusia, China y Cuba (Divergentes, 2023).

En resumen, la última reforma nicaragüense aparece como la culminación de una transformación institucional. Si en 2007 el sandinismo regresó al poder mediante las urnas, las sucesivas modificaciones del sistema fueron reduciendo la competencia electoral. El nuevo escenario marca el cierre de un ciclo donde las elecciones dejaron de funcionar como mecanismo efectivo de alternancia política (EFE, 2026; El País, 2026).

Una muerte lenta

La evolución política de Nicaragua puede comprenderse dentro de un fenómeno más amplio según Levitsky y Ziblatt (2018): la erosión gradual de las democracias contemporáneas. Las democracias rara vez desaparecen mediante golpes de Estado o rupturas institucionales abruptas. En cambio, suelen deteriorarse mediante procesos progresivos donde gobiernos elegidos democráticamente utilizan las instituciones para debilitar los límites al poder.

Según los autores, este proceso se manifiesta mediante la captura de organismos estatales, la deslegitimación de la oposición, la modificación de reglas electorales y la concentración progresiva del poder político. El resultado es el vaciamiento paulatino de las instituciones, hasta convertirlas en estructuras incapaces de garantizar la alternancia y la rendición de cuentas. El recorrido político de Nicaragua refleja varios de estos mecanismos. 

¿Autoritarismo o totalitarismo?

Una de las principales referencias para comprender la evolución del sistema político nicaragüense es la propuesta de Linz (2000) sobre los regímenes autoritarios. Estos limitan el pluralismo político, restringen la competencia por el poder y concentran las decisiones en un liderazgo que opera con escasos controles institucionales. Su elemento distintivo reside en la existencia de un pluralismo político limitado donde la oposición subsiste sin posibilidades reales de disputar el poder.

Es que los regímenes autoritarios conservan, en muchos casos, ciertas instituciones formales sin competencia efectiva, y la existencia de una Constitución, un Poder Legislativo o incluso procesos electorales no es suficiente para considerar democrático a un sistema político si dichos mecanismos han perdido su capacidad de limitar el poder.

En el caso de Nicaragua observamos la reducción sostenida del pluralismo político, uno de los rasgos autoritarios centrales identificados por Linz (2000). El anuncio de Ortega refleja la institucionalización de un modelo en el cual la permanencia en el gobierno pasa a sostenerse sobre el control de las instituciones del Estado.

La decisión de poner fin a las elecciones reabre un debate: ¿hasta qué punto la profundización de un régimen autoritario implica su transformación en un régimen totalitario? La literatura establece diferencias sustanciales entre ellos.

Para Linz (2000), los regímenes autoritarios se caracterizan por la concentración del poder, la limitación del pluralismo y la restricción de la competencia electoral, pero sin ejercer un control absoluto sobre la sociedad. En cambio, Arendt (2006) sostiene que el totalitarismo representa una forma cualitativamente distinta de dominación política ya que procura extender su control sobre todos los ámbitos de la vida social mediante una ideología oficial, la movilización permanente de la población y la eliminación sistemática de cualquier forma de autonomía. Es decir, el concepto de totalitarismo exige la presencia de características adicionales que exceden el ámbito estrictamente electoral.

La reciente reforma sí plantea una nueva etapa en la evolución del régimen. Durante años, pudo identificarse a Nicaragua como un caso de autoritarismo competitivo o autoritarismo electoral: sistema donde subsisten instituciones democráticas formales, pero en condiciones profundamente desiguales y bajo un marcado control del oficialismo (Levitsky y Way, 2010; Schedler, 2006). Desde una perspectiva similar, Diamond (2002) ubica estos casos dentro de los llamados regímenes híbridos, donde coexisten elementos propios de la democracia y elementos autoritarios. 

La reforma expresa una profundización del autoritarismo mediante el abandono de uno de los elementos que hasta ahora permitían ubicar a Nicaragua dentro de las categorías de autoritarismo competitivo o régimen híbrido. El régimen permanece dentro de la categoría de autoritarismo, pero ya no es compatible con aquellas tipologías que presuponen la existencia de competencia electoral.

Cierre

La eliminación de las elecciones marca una transformación significativa del régimen nicaragüense. No se trata únicamente de una nueva restricción institucional, sino del punto en el que un proceso prolongado de concentración del poder modifica las características que permitían describir al país como un autoritarismo competitivo (Levitsky y Way, 2010) o régimen híbrido (Diamond, 2002). 

Sin embargo, esta transformación no implica necesariamente el tránsito hacia un régimen totalitario (Arendt, 2006). Nicaragua continúa ubicándose dentro de la categoría de autoritarismo de Linz (2000). Aunque el gobierno de Ortega ha profundizado la persecución de opositores, reducido los espacios de autonomía y eliminado la competencia electoral, la categoría de totalitarismo de Arendt (2006) requiere elementos adicionales, como la pretensión de control total sobre la sociedad, la movilización permanente y la existencia de una ideología totalizante capaz de organizar todos los ámbitos de la vida política y social.

La evolución del régimen nicaragüense debe entenderse como una profundización del autoritarismo, qie evidencia que los regímenes políticos pueden transformarse gradualmente, modificando sus instituciones y mecanismos de legitimación sin abandonar necesariamente una categoría general de régimen. Lo que distingue a esta etapa, sin embargo, es que agota el margen que aún quedaba dentro de esa transformación gradual: hasta ahora el régimen conservaba una fachada institucional —elecciones fraudulentas, pero elecciones al fin— que le permitía sostener una pretensión de legitimidad democrática formal, tanto hacia adentro como ante sus pares regionales. Al eliminar ese mecanismo, Nicaragua queda sin ninguna instancia de legitimación democrática siquiera nominal, llevando el vaciamiento institucional descrito por Levitsky y Ziblatt (2018) a un punto sin precedentes en su propia trayectoria. Ese el elemento nuevo que introduce Ortega exige seguir revisando las categorías disponibles para describir a un régimen que plausiblemente avance hacia un cierre institucional total sin necesitar, para ello, adoptar los rasgos totalizantes que Arendt (2006) reserva para el totalitarismo.