La educación entre el juego de culpas y el abandono estatal

La divulgación de los resultados de las pruebas PISA 2025 volvió a poner al descubierto una grieta dolorosa en la Argentina: el estancamiento y retroceso de su sistema educativo. El país obtuvo en esta edición sus peores resultados de las últimas dos décadas, ubicándose a nivel global en el puesto 75 en Matemática, el 71 en Ciencias y el 62 en Lectura. Sin embargo, lo que debió ser un insumo técnico para el diagnóstico y la acción inmediata se convirtió, una vez más, en el escenario ideal para un espectáculo de la política.

Apenas conocidos los datos, en lugar de asumir responsabilidades o proponer consensos de fondo, el gobierno y la oposición iniciaron un cruzado intercambio de culpas. La escena resultó en un desfile de declaraciones donde cada sector intentó desligarse del fracaso estructural, reduciendo una tragedia social a una disputa de eslóganes y chicanas mediáticas.

Por un lado, desde el oficialismo se apresuraron a adjudicar las deficiencias a las gestiones anteriores. Desde el Ministerio de Capital Humano sostuvieron que los bajos niveles de aprendizaje reflejan una crisis originada en administraciones previas, argumentando que los resultados de PISA contemplan la trayectoria escolar de los alumnos evaluados durante los últimos 12 años, es decir, desde 2013. Al mismo tiempo, reafirmaron su compromiso con una transformación del sistema mediante nuevas políticas estructurales, buscando convencer a la opinión pública de que el rumbo elegido es el correcto pese a la contundencia de las estadísticas.

Por el otro lado, parte de la oposición no perdió tiempo en señalar al Ejecutivo y aprovechar la coyuntura. Ante la caída en los rankings, dirigentes como el senador nacional Maximiliano Abad propusieron un rediseño del sistema educativo nacional, sugiriendo cambios profundos en la escuela secundaria que incluyan docentes designados por cargo, un régimen académico más flexible y una mayor articulación tanto con el empleo como con las herramientas tecnológicas.

Esta dinámica de "tirarse la pelota" revela una perversa miopía institucional. La educación primaria y secundaria ha dejado de ser entendida como un proyecto de país para convertirse en un mero botín de disputa electoral. A la clase política le resulta infinitamente más rentable buscar un chivo expiatorio en el bando contrario o lanzar propuestas grandilocuentes que admitir el fracaso colectivo de una dirigencia que lleva años incrementando la decadencia educativa gestión tras gestión.

 Mientras el debate partidario se consume en acusaciones estériles, la realidad de los estudiantes resulta devastadora y las cifras son irrefutables. Las evaluaciones revelan que 8 de cada 10 alumnos argentinos (el 76%) no alcanzan el nivel mínimo indispensable de desempeño en Matemática y no pueden resolver ecuaciones sencillas de la vida diaria. Además, el 59% de los jóvenes quedó por debajo del umbral básico tanto en Lectura como en Ciencias, con apenas un 1% logrando los niveles más altos, demostrando que la crisis atraviesa todas las áreas del conocimiento fundamental.

 A este vaciamiento de aprendizajes se le suma un desfinanciamiento crónico y un desinterés profundo por parte del Estado con la ausencia de planes pedagógicos sostenidos a largo plazo y la improvisación constante en los contenidos. Según el Observatorio de Argentinos por la Educación, entre 2023 y 2024 la inversión nacional en el área sufrió un recorte del 40%, ubicando el presupuesto por debajo del 1% del PBI y agravando el incumplimiento histórico de la ley que exige invertir el 6%. Con un desplome de casi el 63% en infraestructura escolar queda demostrado que la educación solo ingresa en la agenda pública cuando hay que dar explicaciones mediáticas ante un nuevo fracaso internacional.

 Los verdaderos perjudicados por este abandono sistemático son los estudiantes y la comunidad educativa en su conjunto. Al no poder resolver ejercicios adaptados para su edad, como calcular proporciones o comprender situaciones literales y abstractas mediante la regla de tres simple, millones de adolescentes transitan por las aulas sin adquirir las herramientas fundamentales para su desarrollo. Esta falta de competencias básicas los condena a un futuro de precariedad e inclusión limitada en un mundo laboral cada vez más exigente.

Los resultados de PISA 2025 no deberían servir para alimentar la grieta partidaria, sino para decretar el fin de la impunidad frente a la emergencia educativa. Si la dirigencia argentina no logra despojar a la escuela de sus propios intereses, dejar de echar culpas al pasado y garantizar un debate serio sobre cómo financiar y rediseñar los aprendizajes, las evaluaciones internacionales seguirán siendo el testimonio periódico de un país que insiste en dilapidar el futuro de sus jóvenes, lo que significa perder su activo más valioso.