El 'efecto Cerimedo': Granjas de bots, desinformación y la manipulación digital en la democracia regional

El debate sobre la calidad democrática en el siglo XXI ya no puede reducirse únicamente al análisis de los discursos tradicionales ni a la contienda entre partidos en los medios masivos de comunicación. Se transformó profundamente la manera en que los ciudadanos conversan, se informan y toman decisiones políticas, ante la irrupción de estrategias opacas de manipulación pública y polarización intencionada.

En este contexto, la figura del consultor político y empresario de medios, cuyo caso más emblemático en la región es Fernando Cerimedo, permite observar la transición desde la comunicación electoral tradicional hacia un modelo de operaciones políticas basado en la desinformación. A través de estructuras como el portal La Derecha Diario, agencias de comunicación y el uso coordinado de cuentas falsas o automatizadas en redes sociales, consolidaron mecanismos para distorsionar la realidad y simular consensos sociales que no existen de manera genuina.

El uso de herramientas organizadas para manipular el debate público obliga a preguntarse qué impacto tiene sobre la libertad de opinión de los ciudadanos y la confianza en las instituciones republicanas.

El caso Cerimedo

Para comprender la dimensión de estas operaciones, es necesario reconstruir la trayectoria de Fernando Cerimedo y la red de vínculos políticos y mediáticos que construyó en la región.

Brasil

El hito de mayor visibilidad e impacto judicial para Cerimedo ocurrió tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil en 2022. En una transmisión en vivo que superó las 415.000 personas, difundió un supuesto informe técnico que denunciaba vulnerabilidades inéditas y fraude en las urnas electrónicas brasileñas, bajo la consigna #BrasilFueRobado (Dal Piva et al., 2024). Según la Policía Federal, la emisión fue premeditada y buscaba crear un falso ambiente de apoyo público al golpe de Estado que se planeaba (Dal Piva et al., 2024). La investigación periodística internacional de Ruiz et al. (2023) la describió como combustible de las manifestaciones violentas que culminaron en Brasilia.

El episodio derivó en la inclusión de Cerimedo en la investigación de la Policía Federal sobre las denominadas “milicias digitales”. El informe policial lo ubica como uno de los núcleos de la organización, dentro del grupo dedicado a la desinformación y los ataques al sistema electoral, y sostiene que actuó en coordinación con asesores de Bolsonaro y militares (Dal Piva et al., 2024). Sin embargo, la fiscalía no lo incorporó entre los acusados formales (Pérez, 2026). Cerimedo rechaza las acusaciones y afirma que solo trabajó con datos públicos (Dal Piva et al., 2024).

Argentina

En el escenario argentino, el caso de Cerimedo expuso la transición hacia un modelo donde la conversación pública se moldea mediante el uso intensivo de herramientas digitales (Ortiz, 2023). La efectividad de este esquema radica en el despliegue de las llamadas ‘granjas de bots’, redes de cuentas falsas automatizadas para generar volumen artificial, y de trolls dedicados al amedrentamiento y la descalificación de voces críticas (Calvo & Aruguete, 2020). El propio Cerimedo llegó a decir que manejaba 50.000 cuentas en Twitter que operaban a favor de Milei (Dal Piva et al., 2024), y reconoció públicamente que utilizaba trolls, automatización y cuentas creadas con inteligencia artificial (Pérez, 2026). Lejos de las viejas técnicas de automatización rígida, la inteligencia artificial permite dotar a estos perfiles de una redacción más fluida y adaptable a distintos nichos de usuarios.

En 2023, Cerimedo se presentó como jefe de comunicación de la campaña presidencial de Javier Milei, y La Derecha Diario se volvió una de las cuentas que el Presidente más retuitea. Milei, por su parte, niega todo vínculo actual con el consultor: sostiene que no forma parte de su espacio y que dejaron de vincularse en 2023 (Opinión Bolivia, 2026).

Esta maquinaria opera mediante una dinámica de pinzas. Por un lado, ‘plataformas de choque’ como La Derecha Diario instalan encuadres agresivos, denuncias ensayadas o desinformaciones. Por otro, se activa la red de cuentas coordinadas para viralizar esos contenidos mediante campañas negativas, orientadas a erosionar la reputación de adversarios o a desviar la atención de temas desfavorables para la gestión oficialista.

El análisis de métricas permite observar la volatilidad de este ecosistema, pero no probar por sí solo su carácter inorgánico. Un informe de la consultora Ad Hoc registra que las menciones a Milei alcanzaron un pico de 13 millones en febrero de 2025, en pleno estallido del caso $LIBRA, y descendieron a 3,7 millones en junio de 2026 (Letra P, 2026). Como ese pico coincide con un escándalo, no puede leerse como señal de cuentas automatizadas: para sostener esa hipótesis hacen falta datos sobre las cuentas mismas.

Chile y Bolivia

El accionar de Cerimedo no representa un hecho aislado ni puramente nacional, sino el funcionamiento de una consultoría con alcance regional que opera como una verdadera infraestructura transnacional de desinformación. Una alianza periodística de veinte medios reconstruyó que difundió mensajes basados en mentiras en Brasil, Argentina y Chile (Ruiz et al., 2023).

En Chile, su agencia Numen difundió en 2020, a través de El Mercurio, una encuesta financiada por empresarios del Rechazo que anticipaba un cierre ajustado en el plebiscito por una nueva Constitución. El Apruebo ganó con el 78% de los votos. En el plebiscito de 2022, Cerimedo aseguró haber diseñado la estrategia comunicacional del Rechazo, pero dos integrantes del equipo oficial de campaña negaron que haya participado. Lo que sí está documentado es que La Derecha Diario difundió, tras el triunfo del Rechazo, una falsa noticia sobre un supuesto “colapso nervioso” del presidente Boric, que el gobierno chileno desmintió (Ruiz et al., 2023).

En Bolivia, el modelo muestra su otra cara: la opacidad financiera. El presidente Rodrigo Paz reconoció que Cerimedo cooperó en su campaña y al inicio de su gobierno, pero negó que haya existido un contrato o una relación laboral directa (Opinión Bolivia, 2026). Cerimedo es investigado por presunto enriquecimiento ilícito a raíz del dinero hallado en sus propiedades. Los allanamientos en sus propiedades dieron además con equipos que la Fiscalía de La Paz describió como una granja de bots de pequeña escala. Su defensa sostiene que eran teléfonos satelitales y módems, y no existe un peritaje técnico público que determine para qué se usaron (Pérez, 2026).

Este modelo de negocios transfronterizo, que articula agencias de comunicación, portales mediáticos de nicho y redes de cuentas falsas, no solo busca incidir de manera opaca en los procesos electorales de América Latina. También enfrenta un escrutinio creciente de la justicia regional, con investigaciones abiertas en Brasil y en Bolivia, lo que plantea una amenaza para la estabilidad democrática y la transparencia electoral.

Estados Unidos e Israel: Los espejos geopolíticos y la importación del modelo

Para dimensionar el alcance de estas estrategias, es imprescindible observar sus matrices originales en Estados Unidos e Israel. Con Estados Unidos, los vínculos de Cerimedo están documentados: se reunió al menos una vez con Brad Parscale, exjefe de campaña digital de Donald Trump, para explorar inversiones en Argentina (Redacción La Gaceta, 2026), y reconoció haber usado contactos políticos estadounidenses para que Trump respaldara públicamente al candidato hondureño Nasry Asfura (Pérez, 2026). Con Israel y con Netanyahu, en cambio, no hay vínculos personales acreditados públicamente: la conexión es de método. Lo cierto es que la metodología empleada en la región reproduce la de esos escenarios (Bermejo y Castro, 2021). Tanto la doctrina de manipulación informativa popularizada por Steve Bannon en la campaña estadounidense de 2016 (Benkler et al., 2018) como la industria israelí de desinformación por encargo, expuesta en 2023 con el caso Team Jorge, constituyen matrices de la comunicación política contemporánea. En ese caso, exagentes israelíes afirmaban haber manipulado más de 30 elecciones con software capaz de controlar miles de perfiles falsos, aunque su líder negó haber actuado mal y los periodistas advirtieron que pudo haber exagerado (Kirchgaessner et al., 2023).

El modelo de negocios que representan consultores como Cerimedo en América Latina no inventa algo nuevo, sino que adopta e hiperlocaliza herramientas probadas en el Norte global. Se trata de la aplicación de la “doctrina Bannon”, combinada con el uso de software y dinámicas de inteligencia digital orientadas a la microsegmentación del descontento. El nombre remite a Steve Bannon, quien lideró en 2016 la facción conservadora que logró instalar sus denuncias contra Hillary Clinton en la agenda mediática (Benkler et al., 2018) y que en 2018 resumió su método en una consigna: la forma de enfrentar a la prensa es inundar la zona con basura informativa (Stelter, 2021). Su lógica consiste en saturar el espacio público con ruido para anular la capacidad de verificación ciudadana (Pérez, 2026). Cerimedo no copia el modelo, sino que lo adapta con herramientas propias, como trolls, cuentas automatizadas y un portal de noticias afín (Pérez, 2026). 

El propio Cerimedo explicó que su método consiste en producir una relevancia artificial para intervenir los algoritmos de las plataformas (Pérez, 2026). Comprender esta conexión internacional permite advertir que no se está frente a un fenómeno folclórico ni puramente local, sino ante la inserción de la política regional en una franquicia global de combate cultural y algorítmico.

Implicancias

El análisis del caso Cerimedo no debe agotarse en la crónica periodística de sus campañas, sino que exige ser comprendido a la luz de los debates teóricos sobre la transformación contemporánea de la esfera pública. En la literatura, la simulación orquestada de apoyo popular mediante cuentas automatizadas e identidades falsas se conoce como astroturfing, un término derivado del césped sintético que contrapone el entusiasmo fabricado a los movimientos sociales orgánicos o de base (Keller et al., 2020). Esta táctica busca alterar la percepción de la mayoría sobre qué es socialmente aceptable o mayoritario, y gatilla mecanismos psicológicos como la espiral del silencio, en las que las voces disidentes se inhiben ante un consenso aparentemente abrumador (Noelle-Neumann, 1974).

Como sostienen Calvo y Aruguete (2020), la eficacia de las redes de desinformación no radica en su capacidad para convencer a votantes ideológicamente distantes, sino en su destreza para activar la polarización afectiva. Las granjas de cuentas inauténticas y plataformas de choque están diseñadas para explotar los sesgos de confirmación y multiplicar emociones negativas como la indignación, el enojo y miedo. Al inundar el entorno digital con contenidos altamente hostiles (flooding), estas estructuras erosionan el espacio de encuentro ciudadano y transforman la confrontación de ideas programáticas en una dinámica de amedrentamiento masivo y enemistad tribal.

Desde la perspectiva de la calidad democrática, la proliferación de estos esquemas impacta de lleno sobre los pilares del Estado de derecho (Sunstein, 2018) por los siguientes motivos: en primer lugar, se vulnera el principio de paridad en la contienda electoral, en tanto la competencia deja de basarse en la persuasión política para convertirse en una contienda de presupuestos opacos e infraestructuras tecnológicas asimétricas. En segundo lugar, se degrada la soberanía deliberativa (Sunstein, 2018), ya que el ciudadano pierde la capacidad de discernir entre tendencias genuinas y operaciones programadas de influencia. Por último, al enfocar los ataques sobre organismos electorales, poderes judiciales y el periodismo de investigación, estas dinámicas corroen la confianza en las instituciones republicanas básicas, indispensables para la convivencia pacífica.

Marcos de políticas públicas para la salud democrática

Frente a estos escenarios, especialistas, centros de investigación y organismos internacionales coinciden en la necesidad de impulsar herramientas que resguarden la salud de las instituciones republicanas y la equidad en el debate democrático. En lugar de confiar en la autorregulación voluntaria de las plataformas o en respuestas punitivas aisladas, la literatura especializada señala diversas líneas de acción:

En materia de equidad electoral y rendición de cuentas, Persily (2021) sugiere actualizar la legislación sobre financiamiento de partidos políticos para abarcar de manera explícita la publicidad digital, los servicios de consultoría estratégica y el desarrollo de herramientas de automatización. Para ello resultan útiles los repositorios públicos y auditables de pauta electoral en tiempo real, junto con mecanismos de fiscalización que permitan rastrear la canalización de recursos no declarados hacia operaciones encubiertas de amplificación artificial.

En relación con la responsabilidad de las plataformas tecnológicas, resulta pertinente observar los lineamientos de regulaciones pioneras como la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (EU Digital Services Act, 2022). Los análisis sobre el capitalismo de vigilancia advierten además sobre la asimetría de información entre las plataformas y la sociedad (Zuboff, 2019), y de ahí que se proponga exigir a las grandes empresas tecnológicas que faciliten datos anonimizados a equipos de investigación independientes. Esto permite identificar, auditar y desarticular el uso de redes inauténticas coordinadas y comportamientos manipulativos dentro de sus plataformas.

Organismos internacionales como la UNESCO (2022) destacan que la investigación sobre redes digitales y el periodismo de verificación (fact-checking) constituyen bienes públicos esenciales para la convivencia democrática. De esa premisa se desprende que su sostenimiento no puede quedar librado a la lógica del mercado ni a intereses partidarios: el financiamiento de las organizaciones civiles y académicas dedicadas al monitoreo del debate público debe ser transparente e independiente, en particular durante los períodos electorales.

Desde la psicología cognitiva y la ciencia política, investigaciones como las de Guess et al. (2020) sugieren que la educación digital contribuye a la resiliencia ciudadana. Si la desinformación opera explotando sesgos y emociones, formar competencias para identificar esos sesgos, verificar la procedencia de los contenidos y entender el funcionamiento de las plataformas algorítmicas es una forma de fortalecer la capacidad de decisión autónoma de los ciudadanos.

A modo de cierre

El debate público actual enfrenta el riesgo de reducirse a una competencia de recursos tecnológicos, dinero de origen poco transparente o ataques coordinados en redes sociales. El caso de Fernando Cerimedo y las investigaciones sobre el uso de redes de cuentas falsas en la región muestran que la transparencia en el espacio digital es hoy un factor determinante para la equidad en las elecciones.

Sin embargo, este escenario plantea una tensión fundamental que dista de estar resuelta: ¿cómo intervenir para evitar la manipulación algorítmica y la desinformación sin vulnerar la libertad de expresión? Aunque existen iniciativas como la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (EU Digital Services Act, 2022), que establece obligaciones para las grandes plataformas digitales, la implementación de medidas orientadas a transparentar la pauta digital y facilitar el acceso a datos para investigación plantea el desafío de preservar las garantías democráticas sin censurar contenidos. La frontera entre proteger el debate público y regular la palabra sigue siendo un terreno complejo y en constante disputa. Garantizar que el voto siga siendo una decisión libre e informada exige seguir indagando en este equilibrio, sin perder de vista que la salud republicana requiere tanto de la libertad de decir como de la transparencia en las reglas del juego.